El 12 de octubre, con la autorización del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, Falange Española llevó a cabo una concentración en Gasteiz, y con la ayuda de la Ertzaintza logró llegar hasta la Plaza de la Provincia. Al mismo tiempo, la Ertzaintza cargó contra las personas que se movilizaban en los alrededores de la plaza contra la iniciativa fascista: detuvo a 19 personas y causó decenas de heridas. Cabe destacar que los procedimientos judiciales contra las personas detenidas aquellos días continúan adelante; mientras tanto, no se ha abierto ningún procedimiento judicial contra el grupo fascista.
La semana pasada, un grupo de personas en situación de calle se acercó al barrio de Errekaleor, en Gasteiz. Se produjeron enfrentamientos que la extrema derecha aprovechó política y mediáticamente, llegando incluso a causar personas heridas. La Ertzaintza cerró todos los accesos al barrio y llegó también a entrar en las viviendas. Más tarde hemos sabido, según publicó Alea, que aquel grupo que acudió a Errekaleor actuó siguiendo indicaciones policiales. En los días posteriores, el acoso contra las vecinas del barrio ha continuado.
El sábado 23 de mayo, la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla llegó al aeropuerto de Loiu tras haber sido secuestrada y torturada por Israel. En el exterior les esperaban familiares, personas cercanas y activistas en solidaridad con la causa palestina. La Ertzaintza cargó contra estas personas ante la mirada de la prensa local e internacional. El resultado: varias personas golpeadas y cuatro detenidas. Una de ellas fue trasladada a un ambulatorio y permaneció tirada en el suelo bajo custodia de la Ertzaintza, tal y como se ha podido ver claramente en las imágenes difundidas.
Ese mismo día, Gasteiz celebraba el aniversario de un hito del deporte alavés. Cientos de personas acudieron al acto y participaron también numerosos menores de edad. La Ertzaintza se presentó en el evento y, una vez más, realizó cargas policiales, agresiones y dos detenciones.
Hace dos meses se celebraron las elecciones sindicales de la Ertzaintza. Con el 31 % de los votos, ganó un sindicato alineado con dirigentes de extrema derecha. Sin duda, este es un elemento importante a la hora de comprender determinados sectores que hoy conforman la Ertzaintza.
Ley Mordaza
A pesar de las numerosas promesas del Gobierno español para derogarla, la Ley Mordaza aprobada por el Partido Popular en 2015 continúa vigente once años después. Esta ley otorga presunción de veracidad a la policía, lo que constituye una base suficiente para imponer sanciones administrativas a la ciudadanía. Dentro de estas competencias se incluye la capacidad de levantar actas por faltas de respeto o desobediencia.
El argumento utilizado con frecuencia por el Departamento de Interior y la Ertzaintza consiste en atribuir supuestas desobediencias o agresiones a agentes de la Ertzaintza. Esta imputación, además de servir para blanquear la violencia policial, busca justificar la aplicación de la Ley Mordaza.
La legitimación de la violencia
Actualmente se percibe una deriva preocupante en determinados sectores del Gobierno Vasco y de la policía hacia la normalización y legitimación de la violencia policial ejercida, de forma explícita o implícita, contra amplios sectores de Euskal Herria. Esta situación no constituye una percepción aislada ni anecdótica; al contrario, aparece de manera reiterada en distintos ámbitos de la vida cotidiana, así como en espacios de participación social, sindical y política.
Los testimonios acumulados durante los últimos años, junto con las denuncias públicas realizadas por colectivos sociales, indican que estas prácticas se han consolidado, generando un profundo malestar social y una creciente desconfianza hacia las instituciones policiales.
En este contexto, la presencia de la Ertzaintza genera tensión, indignación y una sensación de inseguridad colectiva. Resulta especialmente preocupante que determinadas actuaciones policiales se sustenten en mecanismos de identificación basados en prejuicios ideológicos, estigmatización y perfiles sociales, estableciendo sospechas concretas sobre personas vinculadas a la militancia política, la juventud organizada o determinados entornos culturales y sociales.
De este modo, se consolida una dinámica de señalamiento permanente hacia sectores críticos o disidentes, alimentando una percepción de vigilancia constante incompatible con una sociedad verdaderamente democrática y plural. Esta lógica de actuación fortalece una cultura política basada en la persecución y criminalización de la disidencia.
La consecuencia directa de ello es la degradación progresiva del espacio democrático, donde el ejercicio de derechos fundamentales —como la protesta, la organización política o la participación social— puede verse condicionado por el miedo a la represión, a las identificaciones arbitrarias o al uso desproporcionado de la fuerza.
En numerosas ocasiones se han denunciado las intervenciones desmedidas de la policía en manifestaciones, movilizaciones estudiantiles o protestas laborales; actuaciones que han provocado lesiones físicas, consecuencias psicológicas y un clima generalizado de miedo que limita la participación política libre de amplios sectores de la sociedad.
Asimismo, resulta especialmente grave la ausencia de mecanismos eficaces para controlar, fiscalizar y exigir responsabilidades por las actuaciones policiales. La falta de investigaciones independientes y transparentes ante los abusos refuerza la percepción de impunidad institucional y erosiona aún más la confianza de la ciudadanía.
Cuando las denuncias por violencia policial no encuentran una respuesta efectiva, o son sistemáticamente minimizadas por las instituciones, se transmite un mensaje claro: determinadas conductas represivas no solo son toleradas, sino también protegidas políticamente.
Además, existe un discurso institucional y mediático que, en ciertos casos, tiende a justificar o relativizar actuaciones policiales controvertidas utilizando argumentos relacionados con el mantenimiento del orden público o la seguridad ciudadana. Esta narrativa desplaza el foco del debate desde las vulneraciones de derechos hacia la criminalización de quienes protestan o expresan posiciones políticas críticas.
El resultado es la construcción de un marco social en el que la disidencia es interpretada como una amenaza, debilitando los principios democráticos de pluralidad política, libertad ideológica y participación ciudadana.